Acciones Urgentes
PÚBLICO Índice
AI: AMR 23/013/2008
15
de abril de 2008
AU 97/08 Temor
por la seguridad / amenazas de muerte
COLOMBIA Miembros del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
Miembros de la
organización de derechos humanos Corporación SEMBRAR
Miembros del sindicato Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL)
Sacerdotes católicos que trabajan en los municipios de
Tiquisio, Arenal y Regidor, departamento de Bolívar
El
10 de abril, las personas citadas en el encabezamiento recibieron por correo
electrónico una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras, en la que les
informaban de que eran consideradas objetivos militares y, por tanto, les iban
a dar muerte.
La
amenaza decía: “su nombre esta [sic.]
en la lista de personas no deseadas […] que deben ser eliminados”.
Además, acusaba a los amenazados de ser auxiliares o miembros de la guerrilla y
les informaba de que las organizaciones arriba citadas y sus miembros habían
sido sometidos a vigilancia en los municipios de Tiquisio, Arenal, La Gloria y
Regidor, en el departamento de Bolívar, y en el de Aguachica, en el
departamento del Cesar.
La
amenaza continuaba: “Por cada acto
delincuencial en contra de la seguridad democratica [sic.] que ustedes
organicen dentro de estos pueblos, serán exterminados uno a uno por orden de
lista”, y concluía diciendo: “No vamos en vacilar en asesinarlos y vallan
[sic.] preparando a sus allegados para que empiecen a enterrarlos”.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El
Programa de Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio promueve el desarrollo económico, social, cultural e
institucional en la región, centrándose en las comunidades vulnerables y
desplazadas. La Corporación SEMBRAR es una organización de derechos humanos
que, en los últimos años, ha estado observando la situación de los derechos
humanos en la región y ha denunciado repetidamente los abusos contra los
derechos humanos.
FEDEAGROMISBOL
es una organización que representa a campesinos y defiende los intereses de los
trabajadores de la minería artesanal de oro en el sur del departamento de
Bolívar. Ha hecho campaña contra la llegada de empresas multinacionales de
extracción de oro a la zona y, en los últimos años, sus miembros han recibido
amenazas constantes y han sido tachados de subversivos. El 19 de septiembre de
2006, Alejandro Uribe, dirigente de FEDEAGROMISBOL, murió a manos de miembros
del Batallón Nueva Granada del
ejército colombiano. Las fuerzas de seguridad lo presentaron como un
guerrillero muerto en combate.
Tanto
las autoridades gubernamentales como las fuerzas de seguridad y los
paramilitares han acusado a menudo a organizaciones de derechos humanos,
sindicatos y otras organizaciones sociales de ser colaboradores o partidarios
de la guerrilla. Estas acusaciones han venido seguidas en muchos casos de
amenazas o ataques contra activistas de derechos humanos. El conflicto brinda
una útil tapadera a quienes tratan de ampliar y proteger intereses económicos,
y en las zonas de interés económico son frecuentes las violaciones de derechos
humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que
lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
-
expresando preocupación por la seguridad de los miembros de FEDEAGROMISBOL,
SEMBRAR, el Programa de Desarrollo y
Paz del Magdalena Medio y los sacerdotes católicos que trabajan en los
municipios de Tiquisio, Arenal y Regidor, en el departamento de Bolívar;
-
instando a las autoridades a garantizar que se toman todas las medidas que las
personas y organizaciones citadas en la amenaza recibida el 10 de abril
consideren adecuadas para garantizar su seguridad;
-
pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre
la amenaza recibida el 10 de abril, que se hagan públicos sus resultados y que
los responsables de dicha amenaza comparezcan ante la justicia;
-
pidiendo a las autoridades que tomen medidas enérgicas para hacer frente a los
grupos paramilitares y desmantelarlos, y para investigar y romper sus vínculos
con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de
la ONU;
- pidiendo a las autoridades que
elaboren políticas y planes, junto con el colectivo de defensores de los
derechos humanos, para garantizar su seguridad de acuerdo con los principios de
la Declaración de la ONU sobre el
Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de
Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
Universalmente Reconocidos, y que hagan públicos dichos planes.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la
República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 337 5890
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe
Dr.
Carlos Franco Echevarría
Director
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario
Vicepresidencia
de la República de Colombia, Calle 7 No 6-54, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 565 9797
Tratamiento: Estimado Dr. Franco Echevarría
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4, Bogotá,
Colombia
Fax: + 57 1 570 2000 (escucharán un mensaje
pidiéndoles que marquen la extensión 2017)
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal
COPIA A:
Corporación
SEMBRAR
Calle 2 Sur No.
31B-28
Bogotá, Colombia
y a la
representación diplomática de Colombia acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.
Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si
van a enviarlos después del 27 de mayo de 2008.
|
PÚBLICO Índice
AI: AMR 23/ 014/2008
30
de abril de 2008
AU 115/08 Temor por la seguridad / amenazas de muerte
COLOMBIA José
Humberto Torres
Príncipe
Gabriel González ]
Carolina
Rubio ] miembros de
la Fundación Comité de
María
Cedeño ] Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)
Nicolás Castro ]
Jesús Tovar, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) en el departamento de Atlántico
Javier
Correa, miembro del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria de Alimentos
(SINALTRAINAL)
María Cardona, miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
Martha Cecilia Díaz, presidente
de la Asociación Santandereana de
Servidores Públicos (ASTDEMP)
Nicanor
Arciniegas, miembro de la ASTDEMP
Otros
miembros de la CUT en el departamento de Santander y miembros de otras
organizaciones de derechos humanos y sindicatos en los departamentos de
Santander y Atlántico
El 22 de abril, los miembros de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Santander,
en el nordeste de Colombia, recibieron una amenaza de muerte por escrito del
grupo paramilitar Nueva Generación de
Águilas Negras de Santander. La amenaza, fechada el 18 de abril,
advertía contra la celebración de marchas o manifestaciones para conmemorar el
Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo. Decía: “hay dispuesto un destacamento de hombres quienes cumpliran nuestras
ordenes y haran limpieza de todos ustedes serviles de la guerrilla”, y
daba los nombres de 17 miembros de sindicatos y organizaciones de derechos
humanos a los que declaraba “objetivo militar” y entre los que se encontraban
los activistas de derechos humanos Carolina Rubio, Príncipe Gabriel González y
María Cardona y los sindicalistas Martha Cecilia Díaz, Javier Correa y Nicanor
Arciniegas.
El 23 de abril, José Humberto Torres, abogado de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP),
y Jesús Tovar, destacado miembro de la CUT en el departamento de Atlántico, en
la costa norte de Colombia, recibieron por correo electrónico una amenaza de
muerte firmada por un grupo que se autodenominaba Águilas Negras al Rearme. Esta amenaza, firmada el 21 de abril,
acusaba a sus destinatarios de ser guerrilleros y decía: “El desmovilizarnos no nohas [sic] debilitado
por el contrario nos ha rearmardo […] bala para ustedes”. Luego añadía:
“Mira a hijueputa de Jose Humberto que
se cuide, donde lo veamos lo damos”. Además, advertía a los miembros de otros
sindicatos y organizaciones de derechos humanos de que guardaran silencio, y nombraba
a los miembros de la FCSPP María Cedeño y Nicolás Castro como personas
que estaban siendo vigiladas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que
lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de José Humberto
Torres, Jesús Tovar, Javier Correa, Carolina Rubio, Príncipe Gabriel González,
María Cedeño, Nicolás Castro, Martha Cecilia Díaz, Nicanor Arciniegas y otros
miembros de la CUT, el CPDH, la FCSPP y otros sindicatos y organizaciones de
derechos humanos en los departamentos de Santander y Atlántico, y que adopten
todas las medidas que los propios amenazados consideren adecuadas;
- pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales
sobre las amenazas de muerte recibidas el 22 y 23 de abril, que se hagan
públicos sus resultados y que se lleve a los responsables ante la justicia;
- pidiendo que se tomen medidas enérgicas para hacer frente a los
grupos paramilitares y desmantelarlos, y para investigar y romper sus vínculos
con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de
la ONU;
- pidiendo a las autoridades que elaboren políticas y
planes, junto con el colectivo de defensores de los derechos humanos, para
garantizar su seguridad de acuerdo con los principios de la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el
Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos,
y que hagan públicos dichos planes.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá,
Colombia
Fax: +57
1 337 5890
Tratamiento: Excmo.
Sr. Presidente Uribe
Dr. Carlos Franco Echevarría
Director del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Vicepresidencia de la República de Colombia, Calle
7 No 6-54, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 565 9797
Tratamiento: Estimado Dr. Franco Echevarría
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscal General de la Nación, Fiscalía
General de la Nación
Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No.
52-01) Bloque C, Piso 4, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 570 2000 (escucharán
un mensaje pidiéndoles que marquen la extensión 2017)
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal
COPIA A:
FCSPP
Calle 26 No. 4 A-45 piso 12 torre KLM,
Bogotá, D.C., Colombia
y
a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.
Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si
van a enviarlos después del 11 de junio de 2008.
|
Para ver el video hace click aqui >>> TU FIRMA SALVA VIDAS!!!!!
Las Acciones Urgentes salvan vidas: Apúntate ya a la Red de AU
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Dos
semanas después de distribuir AI una Acción Urgente para protestar
contra su detención en Sudán, Rehab Abdel Bagi Mohamed Ali quedó en
libertad sin cargos.
© AI
|
|
Únete hoy mismo |
Únete
a la Red de AU y contribuirás a que Amnistía Internacional continúe
protegiendo a personas en todo el mundo. Si deseas más información,
ponte en contacto con la oficina de AI en tu país encargada de las
Acciones Urgentes.
Si tu país no figura en esta lista, ponte en contacto con la Oficina de Amnistía Internacional más próxima | | La Red de Acción Urgente de Amnistía Internacional (Red de AU)
representa un medio rápido y eficaz de impedir algunas de las
violaciones más graves de derechos humanos que atentan contra la vida
de personas en todo el mundo.
A lo largo de los últimos 30 años, los miembros de la Red de AU han
contribuido a salvar miles de vidas al conseguir que cesen torturas,
que no se lleven a cabo ejecuciones y que se proteja a los defensores
de los derechos humanos. Una respuesta de alcance mundial… en escasos minutos
En cuanto Amnistía Internacional tiene conocimiento de que una persona
se encuentra en peligro inminente de sufrir abusos contra sus derechos
humanos, alerta a los miembros de la Red de AU que se encuentran
repartidos en más de 70 países.
Acto seguido, los miembros de la Red de AU redactan y envían cartas,
mensajes de correo electrónico, faxes y telegramas a las autoridades
que tienen poder para poner fin a esos abusos, ya se trate del
presidente de un país o del director de una prisión.
Durante las horas, días y semanas siguientes, las autoridades a quienes
van dirigidos los llamamientos reciben miles de mensajes redactados de
forma individual por distintas personas. Estos mensajes les revelan con
contundencia que sus acciones están siendo observadas a escala
internacional por un público profundamente preocupado por la suerte de
los afectados en el caso objeto de la AU. Las Acciones Urgentes surten efecto
Prácticamente todos los días Amnistía Internacional recibe nuevas
muestras de que las Acciones Urgentes surten efecto. El año pasado, más
de cuatro de cada diez casos objeto de una Acción Urgente evolucionaron
de manera favorable. Las Acciones Urgentes surten efecto: si deseas más información, haz clic en el enlacePara consultar Acciones Urgentes recientes, haz clic en el enlace
 |
Me
pegaron e insultaron mientras estuve detenida. Al cabo de unos días,
los guardas me preguntaron: “¿Sabes que tu nombre anda circulando por
todo Internet?”. Después de eso, y hasta que me dejaron en libertad, me
trataron mejor. No hay duda de que en mi caso los llamamientos enviados
por Amnistía Internacional surtieron efecto. |
 |
| Rehab Abdel Bagi Mohamed Al |
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PÚBLICO Índice
AI: AMR 23/039/2007
31
de octubre de 2007
AU 282/07 Temor por la seguridad / amenazas de muerte
|
COLOMBIA
|
Oscar Maussa, dirigente de la Cooperativa de
Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (COOTRAGROBLAN)
Otros miembros de
COOTRAGROBLAN
|
Los paramilitares
del departamento noroccidental de Antioquia han amenazado con matar al
dirigente de los trabajadores agrarios Oscar Maussa. Según los informes, éste
ha huido de la zona, pero se cree que él y otros miembros de la cooperativa de
trabajadores corren grave peligro.
Oscar Maussa es
uno de los dirigentes de la
Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet
(COOTRAGROBLAN), establecida por trabajadores de la granja La Esperanza para lograr
una mejora de sus condiciones de vida. Los miembros de esta cooperativa se
vieron obligados a huir de la granja cuando los paramilitares la ocuparon en
1996. Como representante de COOTRAGROBLAN, Oscar Maussa pidió ayuda a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIADH) en marzo de 2007. En 2007, la CIADH había instado al
gobierno a proteger a Oscar Maussa y a su familia, así como a otras tres
familias que forman parte de COOTRAGROBLAN. Oscar Maussa también ha presentado ante las autoridades denuncias por la
actividad paramilitar.
El 6 de octubre, en la zona de Blanquicet,
municipio de Turbo, departamento de Antioquia, un hombre dijo a un miembro de
COOTRAGROBLAN que el dirigente del grupo paramilitar que actúa en la zona
estaba buscando a Oscar Maussa para matarlo. Según los informes, los
paramilitares respaldados por el ejército que actúan en la zona lo hacen bajo
el nombre de Águilas Negras.
El 5 de octubre,
seis hombres armados y vestidos con uniformes militares, que dijeron ser
paramilitares, tomaron posiciones junto a la granja La Esperanza, en
Blanquicet. Registraron los vehículos que salían de la granja y pidieron a los
conductores que los llevaran a otros lugares a lo largo de la carretera. En la
zona hay una fuerte presencia militar, pero pese a ello los paramilitares
siguen pudiendo actuar libremente.
En junio de 2005,
las autoridades judiciales colombianas dictaron una resolución en la que se
pedía que se devolviera la granja La Esperanza a sus legítimos dueños, los miembros de
COOTRAGROBLAN. Éstos empezaron a regresar a la granja en junio de 2007 pese a
los informes que indicaban que los paramilitares seguían en la zona.
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Desde 1985, más de tres millones de personas se han visto
obligadas a huir de sus casas a consecuencia de los actos violentos de todas
las partes del prolongado conflicto interno de Colombia. Todas las partes del
conflicto han sido responsables del desplazamiento forzado de civiles. Más del
60 por ciento de las personas desplazadas han sido desalojadas de zonas de
interés económico minero, agrícola o de otro tipo. Se cree que los
paramilitares respaldados por el ejército han ocupado varios millones de
hectáreas de tierra por medios violentos. En los últimos años, las personas
desalojadas por la fuerza de sus tierras y que han intentado reclamárselas a
los paramilitares han recibido amenazas o han sido asesinadas.
ACCIONES
RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que
lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- expresando
preocupación por la seguridad de Oscar Maussa –amenazado de muerte, según los informes, el 6 de octubre– y
de los demás miembros de la cooperativa agraria COOTRAGROBLAN;
- pidiendo a las autoridades que ordenen investigaciones
exhaustivas e imparciales sobre las amenazas, que hagan públicos sus resultados
y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que tomen todas las medidas
necesarias –las que la propia cooperativa considere necesarias– para garantizar
la seguridad de los miembros de COOTRAGROBLAN, y que les garanticen un regreso seguro a sus tierras, la
granja La
Esperanza;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas enérgicas para hacer
frente a los grupos paramilitares que actúan en la región y desmantelarlos y
para romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las
reiteradas recomendaciones de la
ONU.
LLAMAMIENTOS A:
Dr.
Francisco Santos Calderón
Vicepresidencia,
Carrera 8A No 7-27, Bogotá, Colombia
Fax:
+57 1 565 7682
Tratamiento:
Estimado Sr. Vicepresidente Santos
Señor Presidente Álvaro
Uribe Vélez
Presidente de la República, Palacio de
Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia
Fax:
+57 1 337 5890 / 342 0592
Tratamiento:
Excmo. Sr. Presidente Uribe
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C,
Piso 4
Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 570 2000 (escucharán un mensaje pidiendo
que marquen la extensión 2017)
Tratamiento:
Estimado Sr. Fiscal
COPIA A:
Organización no
gubernamental de derechos humanos
Justicia y Paz
Intereclesial
Calle 62, No.
17-26 (Chapinero)
Bogotá, Colombia
y a la representación diplomática de Colombia
acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 12 de
diciembre de 2007
|
Los
terribles sucesos, con al menos 10 personas muertas y miles de
detenciones, que se viven en Myanmar estos días tienen como
telón de fondo una grave crisis de derechos humanos. Ahora
es el
momento de hacer ver a las autoridades de este país que
somos muchas las personas que, cuando Myanmar deje de ser portada de los
informativos, no
olvidaremos las graves violaciones de derechos humanos que se producen
en el país.
Amnistía Internacional se ha movilizado estos
días en
decenas de países y ciudades en solidaridad con quienes se
manifiestan pacíficamente en Myanmar, y exigiendo al
Gobierno de
este país que cese la represión y que
libere inmediatamente a los presos de conciencia,
incluida la premio Nobel de la Paz, San Suu Kyi, que aparece
en
el retrato de la fotografía y que pedía: "por
favor, usen
su libertad para defender la nuestra".
Por
eso
queremos pedirte, a ti que puedes, que exijas
al Gobierno de Myanmar el fin de
la violencia.
ACTÚA YA !
|
Hace 13 años, mientras
el mundo miraba para otro lado, más del 800.000 personas
fueron asesinadas en
Ruanda.
El
próximo 16 de septiembre será el Día
Global por
Darfur. En Sudán la violencia y la inseguridad se han
cobrado ya cientos de miles de vidas y han obligado a desplazarse en
los últimos ocho meses a 250.000 personas (algunas por tercera o cuarta
vez).
Darfur es otro triste ejemplo de que, a menos
que seamos más
fuertes, siempre habrá civiles cuyos derechos
humanos no serán defendidos
por nadie excepto tú y las personas que como tú
no pueden permanecer impasibles ante estos abusos.
Necesitamos
ser más para poder
ayudarles. Y tú eres imprescindible en esta lucha
pacífica.
Por
eso te
pido dos cosas urgentes: Firma esta petición
para exigir al gobierno de Sudán que proteja a los civiles y
coopere plenamente con el despliegue de tropas de paz aprobado por la
ONU.
En
cualquier caso, gracias por estar a nuestro lado.
|
Octubre, 2006
Querido amigo, Querida amiga,
Parisa, Iran, Khayrieh, Shamameh, Kobra, Soghra y Fatemeh son siete mujeres iraníes condenadas a morir lapidadas.
Quizá no tengamos mucho tiempo para actuar.
La República Islámica de Irán trata el adulterio como un delito castigado con la pena de muerte por lapidación, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la vida y prohíbe la tortura.
Parisa, Iran, Khayrieh, Shamameh, Kobra, Soghra y Fatemeh han sido injustamente condenadas a la pena más cruel, inhumana y degradante, la de la pena de muerte.
Pero aún estamos a tiempo de parar su ejecución. Sabemos que podemos contar contigo. No te quedes en silencio.
Alza tu voz para intentar salvarlas.
¡ACTUA YA!
HACE CLIC AQUI
Amnistía Internacional (AI) es un movimiento mundial de activistas cuyo objetivo es contribuir a que se observen en todo el mundo los derechos humanos.
Si querés ayudarnos a defender los Derechos Humanos,
¡Unite a nosotros y nosotras!
Amnistía Internacional Argentina - Grupo Tucumán
Mail: grupotucuman@amnesty.org.ar amnistia.tucuman@gmail.com
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PÚBLICO Índice AI: AMR 13/004/2006
25 de septiembre de 2006
AU 254/06 Posible “desaparición”/ temor por la seguridad
ARGENTINA Jorge Julio López, de 77 años, trabajador de la construcción
Se ha presentado un recurso de hábeas corpus en su favor ante el Tribunal Federal n°3, y el gobierno provincial ha ofrecido una recompensa de 200.000 pesos (unos 64.000 dólares estadounidenses) a quien proporcione información.
Jorge Julio López había sido testigo principal y querellante en el juicio contra Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, condenado a cadena perpetua el 18 de septiembre. Jorge Julio López había identificado a Miguel Etchecolatz como uno de los hombres que lo torturaron mientras estuvo detenido en la Comisaría 5 de La Plata en 1976.
Jorge Julio López fue secuestrado en La Plata por miembros de las fuerzas de seguridad en octubre de 1976, después de que el ejército se hizo con el poder, y estuvo recluido en centros secretos de detención en el Destacamento Policial de Arana, conocido como el “Pozo de Arana”, y en la Comisaría 5 de La Plata.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde la vuelta al gobierno civil en 1983, abogados, familiares de las personas que "desaparecieron" mientras el país estuvo bajo el gobierno militar y miembros de organizaciones no gubernamentales que investigan esas "desapariciones" han sufrido amenazas, acoso y agresiones. Miles de personas "desaparecieron" en Argentina durante los años de gobierno militar (de 1976 a 1983). La Ley de Punto Final de 1986 y la Ley de Obediencia Debida de 1987, que concedieron inmunidad procesal a las fuerzas de seguridad, fueron declaradas nulas en junio de 2005. Varios ex miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos han sido juzgados.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Jorge Julio López, a quien no se ha vuelto a ver desde el 17 de septiembre;
- instando a las autoridades a continuar con sus esfuerzos por localizarlo;
- pidiendo a las autoridades que protejan a otros testigos en los próximos juicios contra ex miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
Sr. León Carlos Arslanian
Calle 2 e/51 y 53
1900 La Plata, ARGENTINA
Fax: +54 221 429 3187
+54 221 429 3188
Tratamiento: Sr. Ministro
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
Sr. Felipe Solá
Casa de Gobierno
Calle 6 Entre 51/53
1900 La Plata, Prov. Buenos Aires
ARGENTINA
Fax: +54 221 429 4224
Tratamiento: Sr. Gobernador
Ministro del Interior
Sr. Aníbal Fernández
Ministerio del Interior
25 de Mayo 101/145.
1002 Buenos Aires
ARGENTINA
Fax: +54 11 4345 3336
Tratamiento: Sr. Ministro
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Sr Jorge Enrique Taiana
Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Esmeralda 1212
1007 Buenos Aires, ARGENTINA
Fax: +54 11 4819 7324
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIA A:
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
Carlos Calvo 1780, 1er Piso, Dpto.10 , Timbre 26
1102 AB Buenos Aires, Argentina
Fax: +54 11 4304 8283
Correo-E.: aedd@exdesaparecidos.org.ar
y a la representación diplomática de Argentina acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de noviembre de 2006.
|
El gobierno de Estados Unidos debe aclarar la suerte y el paradero de todas las personas a las que se ha detenido en secreto y garantizar que todas las que se encuentran bajo su custodia son sometidas a un juicio justo, ha manifestado Amnistía Internacional.
La secretaria general de la organización, Irene Khan, ha señalado: “El presidente Bush ha admitido por fin algo que llevaba mucho tiempo denunciándose: en la ‘guerra contra el terror’, Estados Unidos ha estado recurriendo a la detención secreta y la desaparición forzada, lo cual constituye un delito según el derecho internacional”.
Amnistía Internacional ha hecho estas declaraciones en respuesta al anuncio de ayer del presidente Bush, quien dijo que se ha trasladado a Guantánamo a 14 hombres que se encontraban en secreto bajo custodia de la CIA. Al dar la noticia, el presidente señaló que los 14 iban a ser juzgados.
El presidente Bush está presionando al Congreso estadounidense para que apruebe una legislación que autorice el uso de comisiones militares para juzgar a presuntos terroristas, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en junio que las comisiones que el presidente había establecido con tal fin eran ilegales.
"El Congreso no debe autorizar nada que sea contrario al derecho o las normas internacionales: ni procedimientos judiciales sin las debidas garantías, ni detenciones indefinidas por orden del ejecutivo ni impunidad para los autores de violaciones de derechos humanos –ha manifestado Irene Khan–. Debe garantizar la rendición completa de cuentas de lo que se ha hecho en el pasado y la legalidad completa de lo que se haga en el futuro."
Estados Unidos tiene el derecho y el deber de juzgar a los responsables de delitos, incluido el crimen de lesa humanidad cometido el 11 de septiembre de 2001. Pero debe hacerlo respetando los derechos humanos y el Estado de derecho. La detención secreta, la desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la detención indefinida sin cargos y los juicios injustos están prohibidos por el derecho internacional.
"Amnistía Internacional ha pedido que se lleve a cabo una investigación completa e independiente, con aportaciones de expertos internacionales, sobre todas las prácticas de detención e interrogatorio seguidas por Estados Unidos en el contexto de la ‘guerra contra el terror’. El reconocimiento por parte del presidente Bush de que el gobierno estadounidense ha recurrido a la detención secreta pone de manifiesto la necesidad urgente de realizar esa investigación, en vez de aprobar nuevas leyes para ‘legalizar’ tal acción”, ha señalado Irene Khan.
Asimismo, debe nombrarse un fiscal especial para realizar una investigación criminal sobre la conducta de todo funcionario estadounidense, incluidas las autoridades del gobierno, contra el que existan pruebas de implicación en delitos cometidos en el contexto de la “guerra contra el terror”. No basta con que el presidente diga que Estados Unidos no tortura.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional pide al gobierno estadounidense que garantice un juicio justo a todas las personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror”, en particular su derecho a:
· ser consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad;
· ser defendidas por un abogado de su elección;
· estar presentes en su juicio y poder rebatir las pruebas presentadas contra ellas;
· ser juzgadas sin que se admitan pruebas obtenidas con tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, excepto si se presentan contra los responsables de la tortura o los malos tratos, y
· apelar ante una instancia judicial superior.
Amnistía Internacional reitera su oposición al uso de la pena de muerte en todas las circunstancias.
El anuncio del presidente Bush ha tenido lugar tras el fallo pronunciado el 29 de junio por la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa “Hamdan contra Rumsfeld”, en el que bloqueó los juicios ante comisiones militares propuestos por el gobierno por considerar que tales comisiones no se habían establecido de acuerdo con la legislación estadounidense y que sus procedimientos violaban tanto el derecho interno de Estados Unidos como el derecho internacional. Asimismo, la Corte Suprema determinó que el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra, que garantiza un juicio justo y un trato humano en las situaciones de conflicto armado, era aplicable en la causa vista.
La Ley de Crímenes de Guerra de Estados Unidos permite actualmente perseguir judicialmente en Estados Unidos las violaciones del artículo común 3. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que, entre las propuestas del presidente Bush al Congreso, figuren disposiciones con las que se pretende proteger al personal estadounidense de su procesamiento por violaciones del artículo común 3. El presidente anunció también que se había enviado al Congreso una propuesta para autorizar una nueva versión de los juicios ante comisiones militares.
Aunque el presidente Bush no reveló las técnicas de interrogatorio “alternativas” aplicadas por la CIA a personas detenidas en secreto, reiterados informes indican que entre ellas figuran el water-boarding (hacer sentir a la víctima que se está ahogando) y la “celda fría” ( dejar a la víctima desnuda en una fría celda y ducharla reiteradamente con agua fría).
El momento en que el presidente Bus ha hecho estas declaraciones sitúa claramente la cuestión de las detenciones, interrogatorios y juicios llevados a cabo a causa de la “guerra contra el terror” en el contexto de las elecciones al Congreso del 7 de noviembre. Amnistía Internacional insta a las autoridades estadounidenses a que transciendan la política de partidos y garanticen que todas las medidas adoptadas para proteger a la ciudadanía del terrorismo respetan los derechos humanos y el Estado de derecho.
GRUPO TUCUMAN
AMNISTÍA INTERNACIONAL ARGENTINA
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Es apremiante un alto el fuego e investigar crímenes de guerra
Amnistía Internacional reitera su llamamiento en favor de un cese completo, inmediato y efectivo de las hostilidades, en vista de los récords que están alcanzando los índices de muertes de civiles.
El viernes 5 de agosto, al menos 23 trabajadores agrícolas sirios murieron a manos de las fuerzas israelíes en una granja del pueblo de Al Qaa, en la frontera sirio-libanesa, de acuerdo con varios informes recibidos. Es, junto con el ataque a un edificio de Qana perpetrado el 30 de julio, el mayor número de víctimas mortales documentado hasta el momento en un solo incidente. En los cuatro últimos días, parece ser que también los cohetes disparados por Hezbolá desde el sur de Líbano a Israel han matado al menos a 14 civiles. Esta clase de ataques por parte de ambos bandos se ha convertido en parte integrante de un patrón de actuaciones cada vez más afianzado que incluye crímenes de
guerra.
Tales ataques, además, hacen imprescindible y urgente que Israel y Líbano acepten una investigación –sobre los patrones de ataque tanto de Israel como de Hezbolá– por parte de un organismo imparcial e independiente como la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (IHFFC). La investigación israelí sobre la matanza de civiles en Qana, donde al menos 28 personas que se refugiaban en un edificio resultaron muertas en un bombardeo israelí, careció de toda credibilidad.
Según un testigo de los hechos entrevistado por la delegación de Amnistía Internacional en Líbano, el viernes las fuerzas israelíes lanzaron dos ataques aéreos contra una granja situada en Al Qaa. Los trabajadores de la granja, en su mayoría kurdos de nacionalidad siria y entre los que había al menos cinco mujeres, envasaban y procesaban frutas para su exportación. El testigo afirmaba que vio la primera explosión desde el tejado del recinto parroquial. Cuando se disponía a ir al lugar para prestar ayuda, entre cinco y siete minutos después, se produjo otra explosión. Aseguraba que había visto cómo sacaban 22 cadáveres del lugar.
Un portavoz del ejército israelí manifestó que el ataque tenía como objetivo la presunta transferencia de armas por Hezbolá desde Siria. En la información reunida por la delegación de Amnistía Internacional, a partir de testigos presenciales e imágenes grabadas del lugar, no existe indicio alguno que respalde las afirmaciones del ejército israelí. El ataque parece haber sido indiscriminado o desproporcionado, y, como tal, un crimen de guerra.
Desde el viernes las fuerzas israelíes han vuelto a bombardear infraestructuras civiles en Líbano, cortando una de las últimas carreteras vitales que quedaban para la entrada de ayuda humanitaria internacional. Según la información recibida, al menos 45 civiles han muerto en los ataques, incluidas las víctimas mortales de la incursión en Al Qaa. Israel advirtió a los residentes de la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano, que evacuaran la ciudad con antelación a los ataques aéreos previstos por el ejército israelí contra objetivos de Hezbolá. Los soldados israelíes lanzaron folletos por toda la ciudad advirtiendo a los habitantes que se marcharan.
Los repetidos ataques de Israel contra infraestructuras civiles han obligado a desplazarse a cientos de miles de civiles, y amenazan con causar el desplazamiento de varias decenas de miles más en Sidón que ya habían tenido que desplazarse desde los pueblos de la zona. El nuevo llamamiento a la evacuación –ahora Sidón– no puede significar que esta ciudad deba ser considerada ahora por las fuerzas israelíes como "zona de fuego libre" u objetivo militar. Junto con esta repetición de avisos a la población civil en el sur, las fuerzas israelíes dificultan la marcha de los civiles al destruir carreteras y puentes y atacar los convoyes. Tales actos no hacen sino sembrar el pánico y el terror en vez de aumentar la protección de la población civil.
Representantes de Hezbolá han descrito los ataques con cohetes de este grupo contra Israel como medidas de represalia por los ataques israelíes contra civiles. Amnistía Internacional considera ilegítimos estos ataques, cree que son ataques directos contra civiles y, como tales, constituyen crímenes de guerra.
Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que actualmente debate un proyecto de resolución sobre la crisis, que solicite el cese inmediato, efectivo y completo de las hostilidades para proteger a la población civil de Líbano e Israel. Asimismo, el Consejo de Seguridad debe exigir a las partes en conflicto que adopten de inmediato todas las medidas necesarias para permitir la entrega de ayuda humanitaria a las personas afectadas por las hostilidades. A la hora de deliberar sobre sus próximos pasos, el Consejo de Seguridad deberá hacer frente al hecho de que ambas partes del conflicto no han respetado las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, y estudiar la manera de obligarlas a responder por ello.
Amnistía Internacional (AI) es un movimiento mundial de activistas cuyo objetivo es contribuir a que se observen en todo el mundo los derechos humanos.
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Amnistía Internacional Argentina - Grupo Tucumán
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Comunicado de prensa
24 de julio de 2006
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