15 de abril de 2008

AU 97/08             Temor por la seguridad / amenazas de muerte

COLOMBIA        Miembros del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio     

                        Miembros de la organización de derechos humanos Corporación SEMBRAR

                        Miembros del sindicato Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL)

Sacerdotes católicos que trabajan en los municipios de Tiquisio, Arenal y Regidor, departamento de Bolívar

El 10 de abril, las personas citadas en el encabezamiento recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras, en la que les informaban de que eran consideradas objetivos militares y, por tanto, les iban a dar muerte.

La amenaza decía: “su nombre esta [sic.] en la lista de personas no deseadas […] que deben ser eliminados”. Además, acusaba a los amenazados de ser auxiliares o miembros de la guerrilla y les informaba de que las organizaciones arriba citadas y sus miembros habían sido sometidos a vigilancia en los municipios de Tiquisio, Arenal, La Gloria y Regidor, en el departamento de Bolívar, y en el de Aguachica, en el departamento del Cesar.

La amenaza continuaba: “Por cada acto delincuencial en contra de la seguridad democratica [sic.] que ustedes organicen dentro de estos pueblos, serán exterminados uno a uno por orden de lista”, y concluía diciendo: “No vamos en vacilar en asesinarlos y vallan [sic.] preparando a sus allegados para que empiecen a enterrarlos”.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio promueve el desarrollo económico, social, cultural e institucional en la región, centrándose en las comunidades vulnerables y desplazadas. La Corporación SEMBRAR es una organización de derechos humanos que, en los últimos años, ha estado observando la situación de los derechos humanos en la región y ha denunciado repetidamente los abusos contra los derechos humanos.

FEDEAGROMISBOL es una organización que representa a campesinos y defiende los intereses de los trabajadores de la minería artesanal de oro en el sur del departamento de Bolívar. Ha hecho campaña contra la llegada de empresas multinacionales de extracción de oro a la zona y, en los últimos años, sus miembros han recibido amenazas constantes y han sido tachados de subversivos. El 19 de septiembre de 2006, Alejandro Uribe, dirigente de FEDEAGROMISBOL, murió a manos de miembros del Batallón Nueva Granada del ejército colombiano. Las fuerzas de seguridad lo presentaron como un guerrillero muerto en combate.

Tanto las autoridades gubernamentales como las fuerzas de seguridad y los paramilitares han acusado a menudo a organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales de ser colaboradores o partidarios de la guerrilla. Estas acusaciones han venido seguidas en muchos casos de amenazas o ataques contra activistas de derechos humanos. El conflicto brinda una útil tapadera a quienes tratan de ampliar y proteger intereses económicos, y en las zonas de interés económico son frecuentes las violaciones de derechos humanos.

 ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

 
- expresando preocupación por la seguridad de los miembros de FEDEAGROMISBOL, SEMBRAR, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y los sacerdotes católicos que trabajan en los municipios de Tiquisio, Arenal y Regidor, en el departamento de Bolívar;

- instando a las autoridades a garantizar que se toman todas las medidas que las personas y organizaciones citadas en la amenaza recibida el 10 de abril consideren adecuadas para garantizar su seguridad;

- pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la amenaza recibida el 10 de abril, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables de dicha amenaza comparezcan ante la justicia;

- pidiendo a las autoridades que tomen medidas enérgicas para hacer frente a los grupos paramilitares y desmantelarlos, y para investigar y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU;

- pidiendo a las autoridades que elaboren políticas y planes, junto con el colectivo de defensores de los derechos humanos, para garantizar su seguridad de acuerdo con los principios de la  Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, y que hagan públicos dichos planes.

LLAMAMIENTOS A:

Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia

Fax:                 +57 1 337 5890

Tratamiento:    Excmo. Sr. Presidente Uribe

Dr. Carlos Franco Echevarría

Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Vicepresidencia de la República de Colombia, Calle 7 No 6-54, Bogotá, Colombia

Fax:                 + 57 1 565 9797

Tratamiento:    Estimado Dr. Franco Echevarría

Dr. Mario Germán Iguarán Arana

Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4, Bogotá, Colombia

Fax:                 + 57 1 570 2000 (escucharán un mensaje pidiéndoles que marquen la extensión 2017)

Tratamiento:    Estimado Sr. Fiscal

COPIA A:

Corporación SEMBRAR

Calle 2 Sur No. 31B-28

Bogotá, Colombia

y a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 27 de mayo de 2008.

                                                                                                                                 30 de abril de 2008

AU 115/08                     Temor por la seguridad / amenazas de muerte

COLOMBIA                  José Humberto Torres

                                   Príncipe Gabriel González     ] 

                                   Carolina Rubio                       ] miembros de la Fundación Comité de

                                   María Cedeño                         ] Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)

Nicolás Castro                        ]

Jesús Tovar, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Atlántico

           Javier Correa, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria    de Alimentos (SINALTRAINAL)

María Cardona, miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH)

Martha Cecilia Díaz, presidente de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos (ASTDEMP)

                                   Nicanor Arciniegas, miembro de la ASTDEMP

                                          Otros miembros de la CUT en el departamento de Santander y miembros de otras organizaciones de derechos humanos y sindicatos en los departamentos de Santander y Atlántico

El 22 de abril, los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Santander, en el nordeste de Colombia, recibieron una amenaza de muerte por escrito del grupo paramilitar Nueva Generación de Águilas Negras de Santander. La amenaza, fechada el 18 de abril, advertía contra la celebración de marchas o manifestaciones para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo. Decía: “hay dispuesto un destacamento de hombres quienes cumpliran nuestras ordenes y haran limpieza de todos ustedes serviles de la guerrilla”, y daba los nombres de 17 miembros de sindicatos y organizaciones de derechos humanos a los que declaraba “objetivo militar” y entre los que se encontraban los activistas de derechos humanos Carolina Rubio, Príncipe Gabriel González y María Cardona y los sindicalistas Martha Cecilia Díaz, Javier Correa y Nicanor Arciniegas.

El 23 de abril, José Humberto Torres, abogado de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), y Jesús Tovar, destacado miembro de la CUT en el departamento de Atlántico, en la costa norte de Colombia, recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por un grupo que se autodenominaba Águilas Negras al Rearme. Esta amenaza, firmada el 21 de abril, acusaba a sus destinatarios de ser guerrilleros y decía: “El desmovilizarnos no nohas [sic] debilitado por el contrario nos ha rearmardo […] bala para ustedes”. Luego añadía: “Mira a hijueputa de Jose Humberto que se cuide, donde lo veamos lo damos”. Además, advertía a los miembros de otros sindicatos y organizaciones de derechos humanos de que guardaran silencio, y nombraba a los miembros de la FCSPP María Cedeño y Nicolás Castro como personas que estaban siendo vigiladas.

Durante los 40 años de conflicto armado de Colombia, las fuerzas de seguridad y los paramilitares tacharon a menudo a organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales de  colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas coinciden con frecuencia con periodos de disputas laborales. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, es un periodo de intensa actividad en el movimiento sindical. En lo que va de año han sido asesinados 22 sindicalistas colombianos. El último hasta el momento ha sido Jesús Heberto Caballero Ariza, miembro de la sección de Atlántico del Sindicato de Empleados Públicos del SENA (SINDESENA). Había sido secuestrado, y se cree que en los meses previos a su muerte recibió amenazas de muerte. Su cadáver se encontró el  17 de abril, al parecer con señales de tortura.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de José Humberto Torres, Jesús Tovar, Javier Correa, Carolina Rubio, Príncipe Gabriel González, María Cedeño, Nicolás Castro, Martha Cecilia Díaz, Nicanor Arciniegas y otros miembros de la CUT, el CPDH, la FCSPP y otros sindicatos y organizaciones de derechos humanos en los departamentos de Santander y Atlántico, y que adopten todas las medidas que los propios amenazados consideren adecuadas;

- pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas de muerte recibidas el 22 y 23 de abril, que se hagan públicos sus resultados y que se lleve a los responsables ante la justicia;

- pidiendo que se tomen medidas enérgicas para hacer frente a los grupos paramilitares y desmantelarlos, y para investigar y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU;

- pidiendo a las autoridades que elaboren políticas y planes, junto con el colectivo de defensores de los derechos humanos, para garantizar su seguridad de acuerdo con los principios de la  Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, y que hagan públicos dichos planes.

LLAMAMIENTOS A:

Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia

Fax:                 +57 1 337 5890

Tratamiento:   Excmo. Sr. Presidente Uribe

Dr. Carlos Franco Echevarría

Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Vicepresidencia de la República de Colombia, Calle 7 No 6-54, Bogotá, Colombia

Fax:                 + 57 1 565 9797

Tratamiento:   Estimado Dr. Franco Echevarría

Dr. Mario Germán Iguarán Arana

Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4, Bogotá, Colombia

Fax:                 + 57 1 570 2000 (escucharán un mensaje pidiéndoles que marquen la extensión 2017)

Tratamiento:   Estimado Sr. Fiscal

COPIA A:

FCSPP

Calle 26 No. 4 A-45 piso 12 torre KLM,

Bogotá, D.C., Colombia

y a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 11 de junio de 2008.

Las Acciones Urgentes salvan vidas: Apúntate ya a la Red de AU

	Me pegaron e insultaron mientras estuve detenida. Al cabo de unos días, los guardas me preguntaron: “¿Sabes que tu nombre anda circulando por todo Internet?”. Después de eso, y hasta que me dejaron en libertad, me trataron mejor. No hay duda de que en mi caso los llamamientos enviados por Amnistía Internacional surtieron efecto.
Rehab Abdel Bagi Mohamed Al

PÚBLICO                                                                                                       Índice AI: AMR 23/039/2007                

                                                                                                               31 de octubre de 2007

AU 282/07            Temor por la seguridad / amenazas de muerte               

Los paramilitares del departamento noroccidental de Antioquia han amenazado con matar al dirigente de los trabajadores agrarios Oscar Maussa. Según los informes, éste ha huido de la zona, pero se cree que él y otros miembros de la cooperativa de trabajadores corren grave peligro.

Oscar Maussa es uno de los dirigentes de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (COOTRAGROBLAN), establecida por trabajadores de la granja La Esperanza para lograr una mejora de sus condiciones de vida. Los miembros de esta cooperativa se vieron obligados a huir de la granja cuando los paramilitares la ocuparon en 1996. Como representante de COOTRAGROBLAN, Oscar Maussa pidió ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) en marzo de 2007. En 2007, la CIADH había instado al gobierno a proteger a Oscar Maussa y a su familia, así como a otras tres familias que forman parte de COOTRAGROBLAN. Oscar Maussa también ha presentado ante las autoridades denuncias por la actividad paramilitar.

El 6 de octubre, en la zona de Blanquicet, municipio de Turbo, departamento de Antioquia, un hombre dijo a un miembro de COOTRAGROBLAN que el dirigente del grupo paramilitar que actúa en la zona estaba buscando a Oscar Maussa para matarlo. Según los informes, los paramilitares respaldados por el ejército que actúan en la zona lo hacen bajo el nombre de Águilas Negras.

El 5 de octubre, seis hombres armados y vestidos con uniformes militares, que dijeron ser paramilitares, tomaron posiciones junto a la granja La Esperanza, en Blanquicet. Registraron los vehículos que salían de la granja y pidieron a los conductores que los llevaran a otros lugares a lo largo de la carretera. En la zona hay una fuerte presencia militar, pero pese a ello los paramilitares siguen pudiendo actuar libremente.

En junio de 2005, las autoridades judiciales colombianas dictaron una resolución en la que se pedía que se devolviera la granja La Esperanza a sus legítimos dueños, los miembros de COOTRAGROBLAN. Éstos empezaron a regresar a la granja en junio de 2007 pese a los informes que indicaban que los paramilitares seguían en la zona.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Desde 1985, más de tres millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas a consecuencia de los actos violentos de todas las partes del prolongado conflicto interno de Colombia. Todas las partes del conflicto han sido responsables del desplazamiento forzado de civiles. Más del 60 por ciento de las personas desplazadas han sido desalojadas de zonas de interés económico minero, agrícola o de otro tipo. Se cree que los paramilitares respaldados por el ejército han ocupado varios millones de hectáreas de tierra por medios violentos. En los últimos años, las personas desalojadas por la fuerza de sus tierras y que han intentado reclamárselas a los paramilitares han recibido amenazas o han sido asesinadas.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de Oscar Maussa ­–amenazado de muerte, según los informes, el 6 de octubre– y de los demás miembros de la cooperativa agraria COOTRAGROBLAN;

- pidiendo a las autoridades que ordenen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

- pidiendo a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias –las que la propia cooperativa considere necesarias– para garantizar la seguridad de los miembros de COOTRAGROBLAN, y que les garanticen un regreso seguro a sus tierras, la granja La Esperanza;

- pidiendo a las autoridades que tomen medidas enérgicas para hacer frente a los grupos paramilitares que actúan en la región y desmantelarlos y para romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.

LLAMAMIENTOS A:

Dr. Francisco Santos Calderón

Vicepresidencia, Carrera 8A No 7-27, Bogotá, Colombia

Fax:                 +57 1 565 7682

Tratamiento:   Estimado Sr. Vicepresidente Santos

Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia

Fax:                 +57 1 337 5890 / 342 0592

Tratamiento:   Excmo. Sr. Presidente Uribe

Dr. Mario Germán Iguarán Arana

Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4

Bogotá, Colombia

Fax:                 + 57 1 570 2000 (escucharán un mensaje pidiendo que marquen la extensión 2017)

Tratamiento:   Estimado Sr. Fiscal

COPIA A:

 Organización no gubernamental de derechos humanos

Justicia y Paz Intereclesial

Calle 62, No. 17-26 (Chapinero)

Bogotá, Colombia

y a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.

Necesitamos ser más para poder ayudarles. Y tú eres imprescindible en esta lucha pacífica.

Por eso te pido dos cosas urgentes: Firma esta petición para exigir al gobierno de Sudán que proteja a los civiles y coopere plenamente con el despliegue de tropas de paz aprobado por la ONU. 

Octubre,  2006  
 
Querido  amigo, Querida amiga,  

Parisa, Iran, Khayrieh, Shamameh, Kobra, Soghra y Fatemeh son siete  mujeres iraníes condenadas a morir lapidadas.

Quizá no tengamos mucho tiempo para actuar.

La República Islámica de Irán trata el adulterio  como un delito castigado con la pena de muerte por lapidación,  violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  que garantiza el derecho a la vida y prohíbe la tortura.

Parisa, Iran, Khayrieh, Shamameh, Kobra, Soghra y Fatemeh han sido  injustamente condenadas a la pena más cruel, inhumana y degradante,  la de la pena de muerte.

Pero aún estamos a tiempo de parar su ejecución. Sabemos  que podemos contar contigo. No te quedes en silencio.
Alza tu voz para intentar salvarlas.

¡ACTUA YA!

HACE CLIC AQUI

Amnistía Internacional (AI) es un movimiento mundial de activistas cuyo objetivo es contribuir a que se observen en todo el mundo los derechos humanos.

Si querés ayudarnos a defender los Derechos Humanos,

¡Unite a nosotros y nosotras!

Amnistía Internacional Argentina - Grupo Tucumán

Mail: grupotucuman@amnesty.org.ar amnistia.tucuman@gmail.com

PÚBLICO                                                                                                       Índice AI: AMR 13/004/2006     

                                                                                                                       25 de septiembre de 2006

AU 254/06            Posible “desaparición”/ temor por la seguridad               

ARGENTINA        Jorge Julio López, de 77 años, trabajador de la construcción

 A Jorge Julio López, trabajador de la construcción que ha testificado contra un hombre que fue alto mando de las fuerzas de seguridad cuando Argentina estaba bajo el gobierno militar, no se le ha vuelto a ver desde el 17 de septiembre, día en que su familia lo vio en su casa de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Se teme que pueda haber sido secuestrado por personas relacionadas con el antiguo gobierno militar a causa de su participación en el juicio, y como advertencia a posibles testigos en juicios futuros similares.

             Se ha presentado un recurso de hábeas corpus en su favor ante el Tribunal Federal n°3, y el gobierno provincial ha ofrecido una recompensa de 200.000 pesos (unos 64.000 dólares estadounidenses) a quien proporcione información.

             Jorge Julio López había sido testigo principal y querellante en el juicio contra Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, condenado a cadena perpetua el 18 de septiembre. Jorge Julio López había identificado a Miguel Etchecolatz como uno de los hombres que lo torturaron mientras estuvo detenido en la Comisaría 5 de La Plata en 1976.

             Jorge Julio López fue secuestrado en La Plata por miembros de las fuerzas de seguridad en octubre de 1976, después de que el ejército se hizo con el poder, y estuvo recluido en centros secretos de detención en el Destacamento Policial de Arana, conocido como el “Pozo de Arana”, y en la Comisaría 5 de La Plata.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

             Desde la vuelta al gobierno civil en 1983, abogados, familiares de las personas que "desaparecieron" mientras el país estuvo bajo el gobierno militar y miembros de organizaciones no gubernamentales que investigan esas "desapariciones" han sufrido amenazas, acoso y agresiones. Miles de personas "desaparecieron" en Argentina durante los años de gobierno militar (de 1976 a 1983). La Ley de Punto Final de 1986 y la Ley de Obediencia Debida de 1987, que concedieron inmunidad procesal a las fuerzas de seguridad, fueron declaradas nulas en junio de 2005. Varios ex miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos han sido juzgados.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

 - expresando preocupación por la seguridad de Jorge Julio López, a quien no se ha vuelto a ver desde el 17 de septiembre;

- instando a las autoridades a continuar con sus esfuerzos por localizarlo;

- pidiendo a las autoridades que protejan a otros testigos en los próximos juicios contra ex miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

LLAMAMIENTOS A:

Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

Sr. León Carlos Arslanian

Calle 2 e/51 y 53

1900 La Plata, ARGENTINA

Fax:                 +54 221 429 3187

                        +54 221 429 3188

Tratamiento:   Sr. Ministro

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

Sr. Felipe Solá

Casa de Gobierno

Calle 6 Entre 51/53

1900 La Plata, Prov. Buenos Aires

ARGENTINA

Fax:                 +54 221 429 4224

Tratamiento:   Sr. Gobernador

Ministro del Interior

Sr. Aníbal Fernández

Ministerio del Interior

25 de Mayo 101/145.
1002 Buenos Aires

ARGENTINA
Fax:                 +54 11 4345 3336

Tratamiento:   Sr. Ministro

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto                   

Sr Jorge Enrique Taiana

Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Esmeralda 1212

1007 Buenos Aires, ARGENTINA

Fax:                 +54 11 4819 7324

Tratamiento:   Sr. Ministro

COPIA A:

Asociación de ex Detenidos Desaparecidos

Carlos Calvo 1780, 1er Piso, Dpto.10 , Timbre 26

1102 AB Buenos Aires, Argentina

Fax:                 +54 11 4304 8283

Correo-E.:        aedd@exdesaparecidos.org.ar

y a la representación diplomática de Argentina acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de noviembre de 2006.

24 de julio de 2006

Amnistía Internacional ha instado hoy al gobierno israelí a que cese de inmediato los ataques contra personas civiles y propiedades e infraestructura palestinos y tome medidas para abordar la creciente crisis humanitaria de la Franja de Gaza.

La organización ha condenado ataques como los cometidos por las fuerzas israelíes la noche del 11 al 12 de julio de 2006, en el que toda una familia –Nabil y Salwa Abu Salmiya y sus siete hijos, de entre siete y 17 años de edad– perdió la vida cuando la Fuerza Aérea Israelí bombardeó su vivienda en un distrito residencial densamente poblado de Jabaliya, al norte de la ciudad de Gaza. En el ataque resultaron heridos al menos otros 30 residentes.


Las autoridades israelíes han declarado que el ataque aéreo estaba dirigido contra Muhammad Deif, líder del brazo armado de Hamas que, según los informes,
estaba en el edificio en aquel momento y resultó herido en el ataque. Sin embargo, el gobierno y los jefes militares israelíes que ordenaron y ejecutaron el ataque aéreo contra la casa hacia las 2:30 de la madrugada debieron haber sabido que Nabil Abu Salmiya, profesor universitario y miembro de Hamas, y su esposa e hijos, estarían en su vivienda, y que tanto ellos como los habitantes de las casas vecinas podían perder la vida y resultar heridos.


El derecho internacional prohíbe estos ataques contra civiles y Amnistía Internacional ha pedido que cesen de inmediato. En las últimas semanas decenas de mujeres, niños y otros viandantes palestinos han muerto y centenares han resultado heridos en ataques aéreos y ataques de artillería de las fuerzas israelíes, incluso en sus casas.

Además de los nueve miembros de la familia Abu Salmiya, alrededor de otros 15 palestinos han perdido la vida en los últimos dos días, lo que eleva la cifra de palestinos fallecidos a manos de las fuerzas israelíes este año a unos 240. La cifra incluye a decenas de miembros de grupos armados palestinos que murieron en enfrentamientos armados con tropas israelíes, y también a numerosos viandantes inocentes, decenas